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El presidente Enrique Peña Nieto presentó el 12 de agosto de 2013 la propuesta de reforma energética, entendida esta como la modificación del Artículo 27 constitucional para permitir la participación del sector privado (tanto nacional como extranjero) en la exploración, extracción, refinación, petroquímica, almacenamiento y transporte de petróleo y sus derivados.

Esta iniciativa ha tenido un alcance mucho mayor al que puede suponer el ciudadano común, ya que esta iniciativa se propone la participación del capital privado en el sector industrial de generación eléctrica. La iniciativa trae como afectaciones colaterales inmediatas el alza generalizada de los servicios y productos que ambas empresas ofrecían a millones de familias mexicanas. También la modificación de las condiciones de trabajo de cientos de empleados de ambas empresas que ponen en riesgo su permanencia definitiva.

El objetivo gubernamental de tal propuesta plantea objetivos ideales y demagógicos que pretenden hacer creer al pueblo mexicano que el cambio de régimen de propiedad de los insumos podrá acelerar el crecimiento económico y generar más empleos, así como abatir el precio del gas y de las gasolinas, como materias tan importantes para los hogares y para las industrias. Estos objetivos que se presentaron en su momento como ejes potenciales para generar beneficios sociales hoy son vistos por grandes sectores de la población mexicana, entre ellos la clase trabajadora, como contrarios al espíritu de la constitución de 1917 y al equilibrio económicos de cientos de hogares.

Según el discurso oficial, la reforma energética peñista arrojaría diez potenciales beneficios entre los que destacaban el mayor crecimiento económico, generación de empleos, disminución de tarifas eléctricas y reducción de precios de gas, gasolinas y diesel (Ver Cuadro 1).

En pocas palabras, la propuesta del paquete de reformas señala que los mexicanos nos beneficiaríamos de la participación del capital privado tanto en la industria eléctrica como en la industria petrolera de muchas maneras: mediante más y mejores oportunidades de empleo, y pagando menos por el recibo de luz y a la hora de ir con el automóvil a cargar gasolina; o bien, a la hora de utilizar el transporte colectivo para ir al trabajo o el transporte foráneo para viajar a cualquier lugar de la región, del estado o del país (Ver Cuadro 1).

Pero ¿Qué significa realmente lo anterior? ¿Quiere decir que la participación del capital privado haría más eficientes el funcionamiento de PEMEX y la CFE? ¿Es que acaso que con la participación del capital privado que PEMEX y la CFE puedan ser más eficientes que sin la intervención del Estado? ¿No hay otras maneras de hacer más eficaz a PEMEX y la CFE que no sea mediante la participación del capital privado? ¿Por qué tanta urgencia por modificar el Artículo 27 constitucional y probablemente también el 28 por parte del gobierno peñista?

Pensar que la participación del capital privado en ambas industrias haría más eficientes las empresas del estado, esto ¿no significa decir que el gobierno peñista se ciñe al discurso y políticas macroeconómicas neoliberales que ensalzan las virtudes de lo privado (identificadas con el mercado) y satanizan por el contrario al Estado como promotor y rector del desarrollo económico? ¿Se quiso con la modificación del Artículo 27 constitucional permitir la participación de los privados en ambas industrias, y las concesiones a particulares de estaciones de servicio (gasolineras) que imperan actualmente?

¿Fue necesaria y urgente la modificación del Artículo 27 constitucional para acabar con la corrupción del líder sindical de los petroleros como Carlos Romero Deschamps? ¿Por qué poderosa razón en la propuesta peñista de reforma energética no se menciona para nada al corrupto líder de los petroleros, será acaso porque Romero Deschamps es compañero de sector y de partido (léase PRI) de Enrique Peña Nieto? ¿Es que acaso PEMEX no es actualmente propiedad privada del líder petrolero en cuestión?

La propuesta de reforma energética del PRI peñista, ¿no se circunscribe en la reforma estructural de orientación de mercado que se viene implementando desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) hasta nuestros días, y que ha consistido en la reforma del sector público (privatizaciones de Telmex, AHMSA, Aeroméxico, Mexicana de Aviación (actualmente en concurso mercantil), Imevisión (hoy Televisión Azteca cuyo concesionario, Ricardo Salinas Pliego, aparece en listas de Forbes como uno de los empresarios más acaudalados de México y el mundo) y Ferronales, entre otras importantes empresas otrora en manos del Estado; y reprivatizaciones bancarias) y en la reforma del sector externo (apertura de la economía al comercio y las finanzas internacionales)?

El cuadro 01 resume los ejes estratégicos que contemplan los cambios o modificaciones al texto constitucional de los artículos 27 y 28 referente al usufructo de los recursos petroleros y energéticos, como de los beneficios que en el discurso traería a la población estos cambios. El mismo cuadro nos permite generar toda una serie de preguntas que coadyuve a visibilizar que detrás de las reformas se esconde un entramado muy complejo de intereses tanto de capitales extranjeros como de la clase política-empresarial.

Cuadro 1. Iniciativa Presidencial de Reforma Energética: Seis Ejes Estratégicos y Diez Potenciales Beneficios

Ejes Estratégicos

Diez Beneficios

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción I, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por su digno conducto, ante esa Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El acceso incluyente a la energía permite a países dotados de recursos naturales como el nuestro, imprimir dinamismo y competitividad a sus economías, a fin de consolidar un modelo de desarrollo generador de progreso sustentable para su población. México no puede ser la excepción, y por ello, esta iniciativa de reforma constitucional en materia energética se sustenta en los siguientes ejes estratégicos:

(i) Fortalecimiento del papel del Estado como rector de la industria petrolera: Dotarle de nuevas herramientas para la definición y conducción de la política energética del país,que permitan una adecuada y prudente administración del patrimonio petrolero nacional.

(ii) Crecimiento Económico: México está llamado a aprovechar sus recursos energéticos en favor de mayor inversión y generación de más empleos, a partir de iniciativas que promuevan el abasto de energía en cantidades suficientes y a costos competitivos.

(iii) Desarrollo Incluyente: El acceso a la energía permitirá democratizar la productividad y la calidad de vida de la población en las distintas regiones del país.

(iv) Seguridad Energética: Se debe aprovechar la disponibilidad de energía primaria en el territorio nacional para lograr la procuración continua, diversificada y económica del suministro energético para ésta y las siguientes generaciones.

(v) Transparencia: Garantizar a los mexicanos el adecuado acceso a la información sobre la administración del patrimonio energético nacional.

(vi) Sustentabilidad y Protección del Medio Ambiente: Es posible mitigar los efectos negativos que la producción y el consumo de energías fósiles puedan tener sobre la salud y el medio ambiente, mediante la mayor disponibilidad de fuentes de energía más limpias.

1. Lo que busca la Reforma Energética es que el Artículo 27 de la Constitución vuelva a decir lo que el Presidente Lázaro Cárdenas dejó escrito, palabra por palabra.

2. Con la Reforma Energética bajará el precio de la luz y también del gas.

3. Se crearán cerca de medio millón de empleos adicionales en este sexenio y 2 millones y medio de empleos al 2025.

4. La industria petrolera volverá a ser un motor del crecimiento económico de México, al detonar inversión en nuevas áreas.

5. La apertura de la industria eléctrica permitirá que fluyan grandes inversiones al sector.

6. Para obtener más beneficios del petróleo, los mexicanos podremos decidir en qué proyectos nos conviene asociarnos y en qué condiciones.

7. Habrá más recursos para el presupuesto y programas sociales, gracias a los nuevos negocios en la industria energética.

8. Los ciudadanos podrán vigilar las operaciones e ingresos petroleros derivados de nuevos contratos.

9. CFE y PEMEX se fortalecerán para darle competitividad a México.

10. Se reorganizará la industria eléctrica para garantizar tarifas competitivas a los hogares, la industria y el comercio.

Fuente: elaboración propia con base Presidencia de la República (2013): “Reforma Energética. Toda Nuestra Energía para Mover a México”, disponible en http://presidencia.gob.mx/reformaenergetica/#!landing, consultado el lunes 26 de agosto de 2013.

¿Qué garantiza, en consecuencia, que la propuesta peñista de reforma energética no es privatizadora si Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón implementaron a pie juntillas la mencionada reforma estructural magistralmente sintetizada en el Consenso de Washington, con la enorme presión imperial que tal Consenso supone? ¿Regresarán en consecuencia al país por sus fueros, poder imperial y enorme ambición las empresas extranjeras expropiadas en 1938 por el general don Lázaro Cárdenas del Río?

¿Por qué tanta necedad del gobierno peñista por permitir la participación del capital privado en ambas industrias cuando bien el Estado mexicano puede invertir en investigación y desarrollo científico y tecnológico que permita al país generar su propia electricidad y explotar su petróleo para conseguir un desarrollo autónomo, soberano y sostenido? Al aferrarse a la participación del capital privado en PEMEX y la CFE, ¿el gobierno peñista no peca de dogmático y fundamentalista neoliberal?

Otras preguntas que se desprenden de las dudas que genera tal propuesta son: ¿Por qué tanta aversión al Estado como promotor y rector del desarrollo socioeconómico por parte de los presidentes priístas (Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo) y panistas (Vicente Fox y Felipe Calderón) que han contagiado hasta el extremo al actual titular del Ejecutivo Federal? ¿Será acaso que funcionarios y ex funcionarios gubernamentales pretenden convertirse en dueños, accionistas o ejecutivos de un PEMEX y de una CFE privatizadas o concesionadas a particulares?

¿Cómo creerles a los funcionarios del gobierno peñista que la participación de los particulares en la industria energética generará más empleos y procurará un mayor crecimiento económico, si las privatizaciones anteriores todas junta y las reprivatizaciones bancarias (reforma del sector publico consistente en cada vez más mercado y menos Estado), así como la apertura comercial (TLCAN y otros acuerdos comerciales) y financiera de la economía mexicana (reforma del sector externo), se han traducido en un “estancamiento estabilizador” (entendido como ausencia de crecimiento económico con supuesta estabilidad de variables macroeconómicas como el tipo de cambio, el presupuesto público, la inflación y la balanza de pagos) que acumula desempleados, pobres y profundas desigualdades sociales y regionales?

Al proponer tal reforma energética, ¿no niega el PRI peñista su historia y a pro hombres como Lázaro Cárdenas que le dieron estatura y aceptación entre amplios sectores de la sociedad mexicana que después los neoliberales (De la Madrid, Salinas y tutti quanti) se encargaron de tirar por la borda? ¿No se cura en salud el PRI peñista (o se lava las manos tal cual Poncio Pilatos al crucificar al Cristo) al decir que la reforma energética propuesta sigue palabra por palabra lo expresado por Lázaro Cárdenas inmediatamente después de la expropiación petrolera de 1938?

¿Acaso olvida el PRI peñista que fue la actitud frívola, derrochadora, irresponsable y omisa de José López Portillo (surgido por cierto de las filas del Revolucionario Institucional) la que postró al país en la crisis de la deuda externa que alcanzó su clímax en el verano de 1982 y no la falta de participación privada en PEMEX?

Con la modificación de los Artículos 27 y 28 constitucionales, muy probablemente seguirán en ascenso el desempleo, la pobreza, la ampliación de la brecha entre ricos y pobres (con concesionarios como Salinas Pliego, Azcárraga Jean, Germán Larrea Mota Velasco y otros beneficiarios de las privatizaciones salinistas, haciéndose cada vez más ricos mientras que millones de mexicanos seguirán haciéndose cada vez más pobres).

Adicionalmente, el papel del Estado como promotor y rector del desarrollo económico quedará gravemente vulnerado y el país quedará sujeto a los caprichos y conveniencia del capital privado nacional y extranjero. La experiencia del pasado así lo confirma. ¿Es eso lo que persigue la propuesta peñista de reforma energética?

Todos los anteriores cuestionamientos también plantean la necesidad de repuestas sin mentiras o dobles mensajes, ya que sectores como el de los trabajadores de petróleos mexicanos viven bajo la zozobra de ser despedidos masivamente. Toda vez que a partir del año de la aprobación de la reforma petrolera, la administración de Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) han venido realizando pláticas tendientes al ajuste de la plantilla laboral, de acuerdo al plan aprobado en 2004 por el Consejo de Administración de Pemex.

El 7 de agosto de 2004 se anunció en la prensa nacional que Pemex y el sindicato acordaron los cambios al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y la flexibilidad laboral en el marco de la propuesta foxista para imponer la llamada reforma laboral neoliberal. Sin embargo, el gobierno actual ha seguido la vía de los hechos mediante pactos con los charros sindicales.

La flexibilidad laboral en Pemex consiste en definir rígidos procedimientos para el ingreso de trabajadores e introducir mecanismos de competencia, evaluación, periódica y planes de carrera para los trabajadores sindicalizados y de confianza. A cambio de las modificaciones contractuales, los charros sindicales tendrán más participación como contratistas de Pemex.

Por lo tanto, esta modernización laboral encierra una serie de despido masivo de trabajadores petroleros sindicalizados y de confianza. El reajuste se iniciaría en Pemex-Refinación, afectando a los trabajadores que laboran en las refinerías de Cadereyta, Ciudad Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula. Según Pemex, actualmente laboran 145 mil 427 trabajadores, de los cuales, 126 mil 521 son plazas de base y el resto son temporales. En Pemex Exploración laboran 49 mil 494 trabajadores y, en Pemex Refinación, 49 mil 130 trabajadores.

Pemex Refinación, precisamente, ha señalado "la necesidad de modernizar las relaciones laborales entre empresa y sindicato, incorporando la representación sindical a la visión de negocio en áreas de oportunidad que tienen un valor de mil 100 millones de pesos anuales". Esto significa que Pemex, al prescindir de sus trabajadores, dejaría de realizar las actividades de mantenimiento mismas que ahora realizarían los charros sindicales en su carácter de contratistas. Para ello, los charros, constituidos como empresarios contratarán trabajadores asumiendo el papel de patrones. Esos trabajadores, por supuesto, estarán sujetos a condiciones laborales infames.

El plan incluye también a las áreas de almacenamiento y distribución, ductos y terminales marinas, así como las actividades realizadas con buques, remolcadores y lanchas. Tan solo por realizar actividades para el mantenimiento de las instalaciones, los charros aumentarán su ilegítimo enriquecimiento en más de 1 mil millones de pesos anuales.

Lo que está en peligro no son solo las 30 mil plazas ni las jubilaciones actuales, sino la industria petrolera nacional misma. Frente a esos avanzados planes solamente hay un antídoto: la lucha decidida y organizada de los petroleros en todo el país.

Sin la acción de los trabajadores petroleros no solamente no es posible enfrentar la agresión laboral, sino que, no será posible la existencia de la industria petrolera nacional misma.

En suma, la política económica neoliberal de los últimos treinta años se ha traducido en lo siguiente: desmantelamiento del campo y de la industria nacional por la apertura comercial del país y la desaparición de instituciones financieras de fomento como Banrural y otras (hoy en día el país importa alimentos y manufacturas); erosión y desaparición de derechos laborales, que junto con el desempleo y la pérdida de poder adquisitivo del salario, se ha traducido en mayor pobreza de la clase trabajadora y campesina; ampliación de las desigualdades sociales (mientras que trabajadores y campesinos se hacen cada vez más pobres, los dueños de los grandes monopolios como Slim, Salinas Pliego, Larrea Mota Velasco y Azcárraga Jean, se hacen cada vez más ricos); devastación ambiental del país por mineras de capital canadiense y nacional como Minera México de Germán Larrea. Solamente por mencionar algunos.

En pocas palabras, la política económica neoliberal de Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, es una visión del Robin Hood pero el revés: le quita a los pobres (campesinos y trabajadores) para darle a los ricos (Carlos Slim, Germán Larrea, etc.).

El neoliberalismo como ideología del capital globalizado del siglo XXI. Un capitalismo voraz que no conoce de ética ni de moral, que no tiene límites y que impone gobernantes para que trabajen en favor de sus intereses.

Para John Saxe-Fernández lo anterior es particularmente claro cuando establece: “¿Por qué crece el apetito por Pemex?, ¿para qué si los interesados en privatizar Pemex, entre ellos Citigroup Inc (Banamex), accionista de Exxon Mobil, dicen que la América del Norte es el Nuevo Medio Oriente ante el aumento en Estados Unidos de la producción de gas y petróleo no convencional (de lutitas, aguas profundas, arenas bituminosas) además de los biocombustibles, infiriendo así que es mejor abrir Pemex cuanto antes? La obsesión por Pemex se acentuó por los cambios en la ecuación energética mundial que luego del primer shock petrolero (1973) afectaron el área de exploración y producción (EyP) donde se obtienen las mayores ganancias pues antes los privados controlaban más de 85 por ciento de las reservas mundiales de gas y petróleo. Hoy 80 por ciento de esas reservas son públicas y sólo la OPEP puede aumentar la producción en el corto plazo, sostenerla al menos 90 días y controlar los aumentos en la oferta futura de petróleo como documenta Alfred Cavallo (Bulletin of the Atomic Scientidts, Julio/Agosto 2013) recordándonos también que la producción mundial de petróleo no ha aumentado desde 2005 y que los precios se han incrementado sustancialmente” (Saxe-Fernández, 2013/07/25: www.jornada.unam.mx/2013/07/25/opinion/028a1eco).

Al respecto, Luis Linares Zapata nos recuerda que sin participación privada PEMEX hizo posible en el pasado el famoso milagro mexicano: “Los diagnósticos de la industria energética caen en insondables vacíos estratégicos (exportar crudo o gas) y endebles soliloquios históricos (Cárdenas). Algunas veces se habla de la tragedia petrolera y para sostenerla desgranan cifras caóticas y razones inconexas, fruto de la lógica perversa impuesta desde los tiempos del priísmo neoliberal (P. J. Coldwell) No contextualizan ni reparan en hechos contundentes del pasado cuando la empresa (Pemex), hoy calificada de intoxicada, a pesar de corruptelas, expoliaciones fiscales y malas decisiones, ha sido el cimiento de la hacienda pública. Tampoco se narra su actuación como basamento de eso que fue llamado el milagro mexicano. Sin Pemex y sus capacidades productivas poco sería lo rescatable del resto de ese milagro industrializador ya olvidado. Pemex desempeñó tal papel cuando era varias veces más chica que el monstruo actual que bombeó, innecesariamente, más de 3 millones de barriles diarios de crudo. El daño estructural a Cantarell se debe a esas prisas y locuras. Esa Pemex que, en tiempos idos y después de múltiples avatares, llegó a formar un enorme complejo petrolífero y petroquímico de primer orden mundial. Y todo eso con medios propios, con el talento y las capacidades de acá” (Linares Zapata, 20013/08/21, ver en www.jornada.unam.mx/2013/08/21/opinion/018a2pol).

Al respecto, Alejandro Nadal nos advierte de lo anterior cuando expresa: “La iniciativa del gobierno para permitir los contratos en materia petrolera no dice ni media palabra sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Puede ser por ignorancia y descuido. A nadie le extrañaría eso. Pero también puede ser porque no se quiere alertar al pueblo de México sobre los peligros que acechan si se impone la iniciativa privatizadora y el espacio energético cae en las garras de las empresas trasnacionales protegidas por el TLCAN…”. “El TLCAN estableció un régimen muy favorable a la inversión extranjera. El capítulo decimoprimero consagra los derechos de las empresas extranjeras que invierten en cualquiera de las partes y restringe radicalmente el ámbito de aplicación de política industrial y tecnológica. En el artículo 1106 se impide el establecimiento de requisitos de desempeño sobre la inversión extranjera directa: por ejemplo, no se le puede exigir mantener un determinado porcentaje de contenido nacional en sus operaciones, relacionar sus exportaciones con sus importaciones o transferir tecnología”. “El artículo 1109 permite todas las transferencias relacionadas con la inversión foránea, incluidas ganancias, dividendos, ganancias del capital, pagos por regalías, gastos por administración y otros montos derivados de la inversión. Finalmente, el artículo 1110 estipula un régimen de solución de controversias que escapa a la jurisdicción nacional. Con razón se puede decir que el TLCAN confiere mayores derechos a los inversionistas que a los estados signatarios. Todo esto recuerda el caso de Metalclad Corporation hace 10 años…”. “Es decir, los contratos en materia de energéticos que solapa la iniciativa privatizadora del gobierno serán para fines jurídicos inversión extranjera directa. Por lo tanto, podrán acogerse a la protección que brinda el capítulo decimoprimero del TLCAN. Y ese es un hecho de enormes implicaciones que el gobierno parece no querer tomar en cuenta. Para empezar, a ninguna de las empresas titulares de contratos se le podrá imponer requisitos de desempeño. Así, los eslabonamientos industriales quedarán intactos y la generación de empleo directo e indirecto será muy pobre pues la industria petrolera y petroquímica es muy intensiva en capital. Así, una de las justificaciones de la iniciativa oficial (la creación de empleos) resulta ser totalmente falsa. Y sin eslabonamientos, la industria petrolera no genera tampoco crecimiento (como lo ha demostrado la industria maquiladora). Otra gran justificación de la iniciativa que se revela falsa”. “Es cierto que al gobierno no le interesa la política industrial. Pero lo grave es que ningún gobierno en el futuro podrá utilizar el potencial de la industria petrolera para construir eslabonamientos más estrechos y avanzar en la industrialización. El petróleo se irá agotando sin haber avanzado en la industrialización”. “El dominio que van a imponer las grandes empresas petroleras sobre los recursos de hidrocarburos será un candado que pasa por el TLCAN y el pueblo de México no podrá quitárselo fácilmente. El gobierno miente cuando afirma que el petróleo seguirá siendo de los mexicanos. El control económico sobre este recurso estará en manos de empresas extranjeras y las implicaciones para México serán funestas” (Nadal Alejandro, 2013/08/21: www.jornada.unam.mx/2013/08/21/opinion/024a1eco).

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